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SOLIDARIDAD CON EL JUEZ DE GARANTÍA DE SANTIAGO DE CHILE SR. DANIEL URRUTIA
23 de septiembre de 2016

En tiempos en los que la ofensiva neoliberal persigue, demoniza y reprime toda expresión de luchas populares y de reclamaciones sociales, la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS (ALAL) , entidad que representa a las organizaciones nacionales de la abogacía aplicada a la defensa de los derechos de los trabajadores, se solidariza plenamente con el Juez de Garantías de Santiago de Chile DANIEL URRUTIA, nuevamente sometido a un proceso administrativo por parte de la Corte de su país, que puede concluir en su apartamiento del cargo o en sanciones de gravedad personal e institucional.

En este caso, el reproche al magistrado deriva del hecho de haber decretado el sobreseimiento por INEXISTENCIA DE DELITO de un crecido número de personas que, para ejercer un acto de protesta, ingresaron a una entidad bancaria y fueron por ese único acto apresados e imputados penalmente.

Los antecedentes, respecto del juez nuevamente sumariado, no son para nada secundarios. Se trata de quien también fue previamente sancionado por ‘criticar’, en una tesis académica conclusiva de cursos de posgrado sobre derechos humanos, la conducta y la doctrina de los fallos de la corte pinochetista. Y no se pueden desprender de esta nueva pretensión de castigo, pues a raíz de aquella sanción por el mero ejercicio de la libertad académica, de expresión y de opinión, el caso fue denunciado ante la CIDH; que tras una larga tramitación decidió solicitar al gobierno chileno que considere la posibilidad de concluir el debate con un acuerdo que, se supone, debía incluir la revisión de aquella absurda sanción.

La Corte, requerida su opinión por la Cancillería de su país, decidió rechazar de plano esa hipótesis de solución conciliatoria, limitándose a considerar que la sanción ya cumplió sus efectos, y que no se puede alterar la seguridad jurídica de sus fallos. E, inmediatamente, activó este nuevo sumario disciplinario en contra del juez Urrutia. Cualquiera sea el nexo entre el hecho reprochado a los ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta y la normativa de derecho interno represivo chilena, sobre la que no abrimos juicio de valor, lo cierto es que sobre ella prima el universo de los Tratados Internacionales y Regionales que lo tutelan, lo garantizan, lo legitiman y que tienen que ser respetados y aplicados: deber éste que ha cumplido y esperamos siga cumpliendo el juez Daniel Urrutia.

Latinoamérica, septiembre de 2016

 
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